El gobierno español adoptó un decreto que facilita que las empresas catalanas saquen de la región su sede social, ante una posible declaración de independencia.

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El gobierno español aprobó este viernes facilitar la salida de empresas de Cataluña, incrementando la presión sobre las pretensiones independentistas catalanas, si bien rebajó el tono al pedir disculpas por los heridos en el referéndum prohibido del domingo.

 

En el plano judicial, el comandante de la policía catalana, una subalterna y dos líderes independentistas declararon por sedición ante la Audiencia Nacional, que no dictó prisión preventiva contra ninguno de ellos.

 

El ministerio de Economía del gobierno de Mariano Rajoy adoptó un decreto que facilita que las empresas catalanas, preocupadas por una posible declaración de independencia, saquen de la región su sede social, como hicieron en las últimas horas el Banco Sabadell o la empresa textil Dogi.

 

En un comunicado, el ministerio de Economía señaló que el decreto responde a “la demanda de amplios sectores empresariales ante las dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad en una parte del territorio nacional”.

 

Este viernes se reunirá Caixabank, primer banco catalán y tercero nacional, para estudiar si imita al Sabadell, que anunció el jueves que sacaba su sede social de Cataluña.

 

La fuga de empresas aumenta la inquietud entre una sociedad catalana profundamente dividida por la apuesta independentista, cuya escalada ha sumido a España en su peor crisis política de la era democrática.

 

En Barcelona, el delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, pidió disculpas por los heridos causados por la policía al tratar de impedir el referéndum y expresó su esperanza de encauzar la crisis.

 

“Cuando he visto estas imágenes, y sé que hay gente que ha recibido golpes, y empujones, incluso hay una persona que está aún hoy hospitalizada, no puedo hacer nada más que lamentarlo, pedir disculpas en nombre de los agentes”, dijo Millo en una entrevista en la televisión pública catalana TV3.

 

“Es algo que todos lamentamos”, abundó el portavoz del gobierno español Íñigo Méndez de Vigo, refiriéndose a los heridos.

 

“Espero que podamos reconducir las cosas para que no se produzcan nunca más” hechos semejantes, dijo Millo que, sin embargo, situó la responsabilidad última de lo ocurrido en un gobierno catalán que, dijo, alentó a la gente a ir a votar cuando se había prohibido.

 

Por el lado del gobierno catalán, el responsable de Empresa Santi Vila -una figura moderada que cobra peso- reclamó un “alto el fuego” con el ejecutivo central de Mariano Rajoy, y propuso posponer la declaración de independencia de Cataluña a cambio de que no se suspenda la autonomía regional.

 

Hasta el momento, y tras el referéndum del domingo, el gobierno catalán de Carles Puigdemont no ha dado marcha atrás en su plan de declarar unilateralmente la independencia si ganaba el sí, que es la condición que exige el gobierno central de Mariano Rajoy para dialogar.

 

Puigdemont pidió comparecer en el parlamento regional el martes después de la suspensión judicial del pleno previsto para el lunes en el que debía “valorar los resultados y los efectos del referendo” prohibido del domingo.

 

Madrid y Barcelona, AFP/NA.

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